Tras el más reciente ataque del gobierno de Estados Unidos contra una embarcación en el océano Pacífico oriental ocurrido ayer, Amnistía Internacional condena enérgicamente estas acciones y reitera que constituyen ejecuciones extrajudiciales, una forma de homicidio prohibida por el derecho internacional, y representan una grave afrenta a los principios más básicos de humanidad y legalidad. Ninguna circunstancia justifica la privación arbitraria de la vida.
Según el Comando Sur de Estados Unidos, este reciente ataque, sumado a los más de 40 ataques perpetrados unilateralmente por las fuerzas armadas estadounidenses desde septiembre de 2025, dejó seis personas muertas, lo que eleva a al menos 157 el número total de muertes registradas hasta ahora en este tipo de ataques.
De acuerdo con una publicación en la red social X, el Comando Sur informó que este ataque se llevó a cabo bajo la dirección del comandante Donovan, con el argumento de que la embarcación era operada por organizaciones que Estados Unidos ha designado como terroristas. Este es uno de los ataques más mortíferos desde que comenzaron el 2 de septiembre de 2025.
“Estados Unidos no puede atribuirse el derecho de hacer estallar embarcaciones con personas a bordo basándose únicamente en sospechas de narcotráfico u otras actividades presuntamente ilícitas. El resto de la comunidad internacional no puede normalizar estas ejecuciones extrajudiciales, en las que el ejército estadounidense actúa como juez y verdugo”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización también advierte sobre la responsabilidad de mando en este tipo de graves violaciones de derechos humanos y pide una investigación exhaustiva e independiente que alcance los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos, de modo que quienes dieron las órdenes rindan cuentas ante la justicia.
“La vida humana no puede quedar a merced del capricho de un presidente. Ningún presidente ni fuerza militar tiene derecho a quitar la vida de manera arbitraria. El nivel de deshumanización y cinismo reflejado en estos actos es profundamente alarmante y debería ser motivo de preocupación global. Es urgente exigir rendición de cuentas y poner fin de inmediato a este tipo de ataques. Ante la actual aquiescencia de la Fiscalía General, el Congreso debe ejercer su poder de supervisión e investigar”, añadió Piquer.
Amnistía Internacional lamenta la tibieza y la falta de liderazgo de la mayoría de los gobiernos, así como de la Organización de los Estados Americanos, e insta a la comunidad internacional a pronunciarse con firmeza contra estas acciones, que constituyen una grave amenaza para los derechos humanos y el respeto al derecho internacional, creado precisamente para que la dignidad humana prevalezca sobre cualquier forma de poder.
Los gobiernos deben suspender de inmediato el intercambio de inteligencia que pueda contribuir a estas operaciones. Asimismo, deben suspender las licencias de exportación de cualquier material de defensa que pueda utilizarse para perpetrar estos homicidios.
